Los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Justicia comenzaron a evaluar nuevas medidas para evitar que personas privadas de la libertad continúen utilizando celulares y redes de comunicación para ordenar extorsiones y otros delitos desde las cárceles.

La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino González, se reunieron con representantes de operadores móviles como Claro y WOM para analizar alternativas técnicas, jurídicas y operativas.

El propósito es fortalecer la detección y el bloqueo de equipos, tarjetas SIM y líneas utilizadas de manera ilegal dentro de los establecimientos penitenciarios.

Uno de los principales desafíos será impedir las comunicaciones delictivas sin afectar el servicio de telefonía e internet de las comunidades ubicadas cerca de las cárceles.

La Policía Nacional y el Ejército también participarán en la estrategia, que busca reforzar los controles dentro y alrededor de los centros de reclusión.

Por ahora, el Gobierno no ha definido cuál será el mecanismo tecnológico que implementará. Los ministerios indicaron que las medidas concretas serán anunciadas en los próximos días.

La legislación colombiana ya permite solicitar el bloqueo del código IMEI de los celulares y de los identificadores asociados a tarjetas SIM o eSIM detectados en comunicaciones no autorizadas desde establecimientos penitenciarios.

Información basada en Asuntos Legales y el Decreto 851 de 2024.