Dos proyectos de ley fueron presentados ante el Congreso de la República con el propósito de establecer el marco jurídico que permita poner en funcionamiento la Universidad Nacional del Catatumbo, ubicada en el municipio de El Tarra.

Las iniciativas fueron promovidas por la representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, Tatiana Gaona Pinzón, y la senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico.

La infraestructura del complejo educativo está prácticamente terminada. Sin embargo, la institución todavía no puede operar como universidad porque carece del reconocimiento legal y de otros requisitos administrativos, académicos y financieros.

Una propuesta anterior, presentada en febrero de 2025, no logró completar su trámite durante la pasada legislatura. Los nuevos proyectos deberán superar cuatro debates en Senado y Cámara antes de pasar a sanción presidencial.

La senadora Omaña señaló que la futura universidad debe ofrecer oportunidades de formación a los jóvenes afectados por el conflicto y desarrollar programas relacionados con la vocación agropecuaria de la región y la sustitución de cultivos ilícitos.

Por su parte, la representante Gaona propuso implementar un plan de choque mientras avanza el trámite legislativo. La iniciativa contempla permitir que el SENA, el Instituto Superior de Educación Rural (ISER), la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona utilicen temporalmente las instalaciones para impartir programas de formación.

También planteó crear una mesa técnica con autoridades territoriales y entidades nacionales para garantizar los servicios públicos pendientes, gestionar los recursos necesarios y definir un modelo transitorio de operación.

Debido a que los dos proyectos tienen objetivos similares, el reglamento del Congreso permite que sean acumulados y estudiados conjuntamente mediante una sola ponencia. Esta alternativa podría evitar la duplicación de los debates.

Además de la aprobación de la ley, será necesario asegurar el presupuesto para la planta de personal, dotar la sede, obtener el reconocimiento del Ministerio de Educación y tramitar los registros correspondientes para los programas académicos.

Por ahora no existe una fecha oficial para la apertura. Un experto consultado por el medio regional estimó que la aprobación legislativa podría tardar más de un año y que la puesta en funcionamiento demandaría un periodo adicional, pero se trata de una proyección y no de un cronograma institucional.