Un importante cambio podría comenzar a darse en una de las leyes más cuestionadas de Venezuela durante los últimos años.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional avanzar con carácter de urgencia en una reforma parcial de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

La norma está vigente desde 2017 y fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, organismo que precisamente era presidido en ese momento por Rodríguez.

Ahora, nueve años después, la mandataria reconoce problemas en la manera como fue utilizada.

Durante un acto público, Rodríguez aseguró que la legislación fue mal aplicada y admitió que existió un uso abusivo de la norma. Sin embargo, sostuvo que continúa creyendo en los principios de tolerancia y convivencia que, según explicó, motivaron su creación.

¿Qué pretende cambiar el Gobierno venezolano?

La solicitud enviada al Parlamento plantea avanzar en la despenalización de algunas de las conductas contempladas actualmente en la legislación y corregir desviaciones registradas durante su aplicación.

La Ley contra el Odio contempla sanciones que pueden llegar hasta los 20 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia.

Desde su aprobación, sectores de la oposición, organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios periodísticos han cuestionado la norma y han denunciado que algunas de sus disposiciones han sido utilizadas para restringir la libertad de expresión y actuar contra periodistas, activistas, opositores y ciudadanos críticos del Gobierno.

La discusión apenas comienza

Tras recibir la solicitud de Delcy Rodríguez, la Asamblea Nacional venezolana conformó una comisión especial de 11 diputados que tendrá la responsabilidad de trabajar en la redacción del proyecto de reforma.

Por ahora no se conocen todos los artículos que serían modificados ni hasta dónde llegará la despenalización propuesta.

Además, diferentes organizaciones venezolanas consideran insuficiente una reforma parcial y han planteado que la legislación debería ser derogada completamente.

La decisión final estará en manos del Parlamento, que deberá establecer cuáles disposiciones cambiarán y cuál será el nuevo alcance de una ley que ha generado fuertes controversias en Venezuela desde su aprobación en 2017.